El 2025 dejó un balance mixto para la República Dominicana con avances legales e institucionales importantes, pero graves casos de corrupción, lentitud judicial, debilitamiento de controles y profundas brechas sociales.
Así lo estableció ayer el movimiento cívico Participación Ciudadana al presentar su tradicional balance de fin de año, en el que estableció que pese a que durante el año se produjeron hechos que marcaron positivamente a nivel institucional, también hubo “graves” retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.
Con ejemplos y temas puntuales en el plano de la corrupción e impunidad, el narcotráfico y política y otros temas nacionales, Participación Ciudadana afirmó que la desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarse con un nuevo caso de corrupción que vulneró un derecho fundamental, como la salud, que es el de Senasa y que asegura “quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”.
En ese sentido, señaló que aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, debido a que el caso Senasa se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, lo que afectó directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud. “La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables”, dijo.
Lentitud casos y narco en política
Al abordar el tema de la corrupción, la organización afirmó que este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, con lo cual aumentaron las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que éstos periman. Indicó, sin embargo, que el Ministerio Público, sigue en su trabajo de persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en dicha labor.
Otro aspecto criticado y tocado por el movimiento, fue el del narcotráfico y la política. Asegura que en el 2025, varios casos del Partido Revolucionario Moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y posiciones gubernamentales. Citó lo alarmante de que en casos de lavado de activos y tráfico de drogas hayan sido condenados, extraditados o en procesos abiertos estén involucrados diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales que culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, lo que revela el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.
Al referirse a los casos emblemáticos, la entidad mencionó que solo uno de los grandes expedientes logró concluir juicio de fondo, que es el de Alexis Medina y compartes, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, “aunque con penas consideradas insuficientes”. Dijo que los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero-Gonzalo Castillo-Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, lo que refuerza la alerta sobre la reproducción de la impunidad.
Los principales ejecutivos de Participación Ciudadana precisaron que durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluida la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del Intrant que involucra a altos exfuncionarios. Sin embargo, apuntó que persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción.
La entidad expresó, además, que el 2025 será recordado por el fatídico derrumbe el 8 de abril de la discoteca Jet Set, con el trágico balance de 236 ciudadanos y ciudadanas fallecidos, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos. En memoria de todos, reclamó a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.
Controles y reformas institucionales citados
Entre los avances mencionados, Participación Ciudadana mencionó la promulgación de la Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas. No obstante, dijo, el caso Senasa evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables. En el ámbito legislativo, citó la aprobación del nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal 74-25.
Resaltó que el Tribunal Constitucional emitió sentencias clave que fortalecen los derechos fundamentales, derogando normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.
En lo referente a la violencia de género, dijo que pese a una reducción del 29.8 % en feminicidios, se registraron 49 feminicidios y más de 57 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Argumentó también que el 2025 fue un año post-electoral relativamente estable y que la JCE fortaleció el control sobre la campaña anticipada y avanzó en la preparación del nuevo documento de identidad.