La Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de generar incertidumbre legal
La Fuerza del Pueblo (FP) afirmó ayer que el Gobierno ha provocado una crisis de confianza e incertidumbre legal al impulsar, con su mayoría en el Congreso, una práctica legislativa que considera improvisada, reactiva y subordinada a intereses coyunturales.
Una comunicación de la Secretaría de Justicia de la organización opositora señala que esa forma de legislar debilita el Estado de Derecho, deteriora la seguridad jurídica y afecta tanto a la ciudadanía como a las empresas, al modificar leyes poco tiempo después de su aprobación o para responder a situaciones particulares.
La FP sostuvo que la estabilidad normativa es uno de los pilares esenciales del sistema democrático y de Derecho y citó como ejemplos las modificaciones a las leyes de Compras y Contrataciones, fideicomisos públicos, concesión de aeropuertos, gestión integral de residuos sólidos y al nuevo Código Penal, las que en su opinión fueron aprobadas o reformadas de forma apresurada.
Por otro lado, el partido denunció que el Gobierno incumple la sentencia TC-1003-2023 del Tribunal Constitucional, al cobrar US$ 10 por tarjeta de turista y cuestionó la aprobación de normas que asegura, vulneran derechos ciudadanos y desconocen decisiones del más alto intérprete de la Constitución.
Critica políticas seguridad
En materia de seguridad, la FP sostuvo que el país carece de una estrategia integral para combatir la delincuencia y criticó la falta de respuestas frente a las desapariciones de personas, la ausencia de estadísticas verificables y los cuestionamientos sobre las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública.
Como parte de sus propuestas, la Fuerza del Pueblo anunció la creación de un mecanismo para monitorear el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Dijo que también impulsará una agenda en favor de la estabilidad normativa, la seguridad jurídica, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público, además de promover un debate nacional sobre nuevas reformas al sistema de justicia y la mejora del sistema penitenciario.