Casi al concluir la legislatura extraordinaria, el proyecto de Régimen Electoral logró su aprobación en la Cámara de Diputados con el voto de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP), lo que dota a la Junta Central Electoral (JCE) de un adecuado instrumento jurídico para organizar las elecciones de 2024. Está ahora pendiente la promulgación u observación del Poder Ejecutivo.
Esa pieza, que había perimido en la pasada legislatura, ha recorrido diversas mesas de debates hasta llegar al Congreso, donde expiró sin lograr conseguir consenso entre partidos políticos, pero esta vez fueron modificados diversos artículos tildados de inconstitucionales, lo que permitió su aprobación.
Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) votaron en contra del controvertido proyecto porque no fue incluido el voto automatizado y la penalización del transfuguismo, mientras los partidos minoritarios Alianza País y Opción Democrática censuraron que no se redujeron los topes de gastos de campaña.
Aun así, esa ley, pendiente de ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo, amplía la competencia de la JCE como responsable de organizar los comicios municipales, presidenciales y congresuales establece el escrutinio automatizado y tope de gastos de campaña.
Un aspecto relevante incluido en ese estatuto es la creación de una Procuraduría Especializada para Perseguir Delitos y Crímenes Electorales, lo que permitirá al Tribunal Superior Electoral conocer y sancionar las infracciones atribuidas a personas físicas o jurídicas antes, durante o posterior a la campaña electoral.
El Congreso pudo evacuar un proyecto de Régimen Electoral de mayor alcance y significación, especialmente en lo relacionado con la financiación de los partidos, pero lo que se ha aprobado guarda básicamente semejanza con los intereses de mansos y cimarrones.
Llama la atención lo revelado por el diputado Horacio Rodríguez de que, conforme a esa ley, en la circunscripción uno del Distrito Nacional se permitirá un tope de gasto de campaña de hasta 55 millones de pesos, lo que a todas luces representa una exageración y un motivo de inequidad competitiva.
La ley de Régimen Electoral que ha aprobado el Congreso contiene el ADN de una clase política que aún no asume a plenitud la cultura de la transparencia ni confía en una contienda electoral sostenida en la igualdad de participación, pero se admite que ese estatuto refleja también algún avance institucional que lo sitúa aún más cercano a lo posible que a lo ideal.