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Al cumplir cinco años de gobierno, correspondiente al 63% de los ocho años de dos períodos, el presidente Luis Abinader consolidó su principal promesa de campaña, la lucha contra la corrupción con una reforma constitucional que otorgó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), de designar al Procurador general de la República, como prueba de independencia de quien ocupa el cargo, que además es inamovible por dos años.
La justificación del cambio se basó en que el presidente Abinader prometió en campaña nombrar una figura en el cargo de procurador, sin vinculación política partidista y que no dependa de un decreto presidencial para su permanencia en el cargo.
La promesa la hizo el presidente Abinader en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2020. “Uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar un Procurador General políticamente independiente capaz de hacer lo justo, incluso si todos están en contra, y de evitar lo injusto, incluso si todos están a favor”, prometió.
Cuatro años después, al juramentarse como presidente de la República para un segundo periodo de gobierno, Abinader dijo que fortalecería la lucha contra la corrupción y en el marco de la toma de posesión anunció la reforma constitucional.
“También consagraremos en la Constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público independiente, que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad, para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado. La independencia del Ministerio Público que impusimos por convicción propia estos últimos años ahora será una obligación constitucional”, sentenció.
Escala de progreso: RD gana 33 puestos en percepción ciudadana
Producto de esos cambios y del sometimiento a la justicia de varios casos de corrupción de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la República Dominicana, según el reporte del índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2024, el país mejoró en esa materia al alcanzar un avance de 8% y bajar 33 posiciones desde el 2020.
Las informaciones sobre el tema en el país, las proporciona la entidad cívica no partidista Participación Ciudadana a Transparencia Internacional.
La encuesta de Cultura Democrática, publicada el pasado año por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, señaló que para el 2023 la percepción de la corrupción había aumentado al 58% de un 31% que marcó el año anterior.
Opinión pública: la confianza empieza a recuperarse
Los resultados de la encuesta Gallup publicada en febrero de este año, que históricamente ha medido la percepción sobre la corrupción en la administración pública entre los dominicanos, establece que el 71.4% de la población considera que la corrupción no ha disminuido en los últimos cuatro años.
El 54.6% de los encuestados opinó que en el actual gobierno aumentó la transparencia y la lucha contra la corrupción, mientras que un 41.2% cree que han disminuido. La misma firma Gallup, hizo la misma pregunta en 2018 y el resultado fue que el 66.7% de los encuestados respondió que la corrupción había aumentado en los últimos años.
Las reformas
En varias ocasiones, el presidente Abinader ha dicho que cuando concluya su paso de ocho años por la Presidencia de la República, quiere ser recordado como un presidente reformador. Convencido de que el Estado necesita una serie de reformas legales para impulsar el desarrollo planteó una lista de doce reformas un año después de juramentarse.
Al asumir su segundo mandato, además del cambio a la Constitución, el presidente prometió otras dos reformas en su discurso de juramentación de hace casi un año, la laboral y la fiscal. La primera fue sometida al Congreso y quedó pendiente para aprobación en la legislatura que inicia este 16 de agosto. En tanto, la reforma fiscal que fue sometida el pasado año, fue retirada del Congreso por el presidente Abinader, debido al amplio rechazo que cosechó.
Aunque no lo prometió en su discurso de juramentación, el presidente Abinader promulgó la ley que modifica el Código Penal, aunque ha cosechado críticas de sectores feministas por no cumplir su promesa de apoyar la despenalización del aborto en tres circunstancias, la mayoría de las opiniones han sido favorables a esa decisión.
El 16 de agosto de 2021, el presidente Abinader anunció una lista de doce reformas legales que fueron discutidas en el Consejo Económico y Social (CES), pero de ese grupo de reformas, solo el Código Laboral ha sido sometido por el Poder Ejecutivo.
Sobre el último proyecto, el principal tema de debate, la cesantía laboral, no ha logrado consenso y el sector empresarial sigue presionando para que el Congreso modifique ese punto del proyecto de reforma laboral, a lo que el PRM y el presidente Abinader han respondido con un no rotundo y repiten constante la frase que “la cesantía no se toca”.
¿Cómo va la reducción del tamaño del Estado?
El presidente Abinader, tanto al inicio de su primer gobierno como del segundo, apostó a la reducción del tamaño del Estado con la finalidad de terminar con la duplicidad de instituciones que, según el gobernante, cumplen una misma función.
En esa apuesta, el presidente dispuso la fusión del Ministerio de Economía con Hacienda y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con Educación. A pesar de eso, a nivel ministerial el organigrama del Estado seguirá con el mismo número, debido a que la gestión del PRM ha creado dos nuevos ministerios, el de Justicia y el de Viviendas y Edificaciones.
En la primera gestión el gobierno dispuso eliminar la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), identificado con actos de corrupción y en agosto del pasado año se decidió prescindir de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad; la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, Consejo Desarrollo Dominicano en el Exterior (Condex), el Consejo Nacional de Población y Familia, la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria, la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso y la Comisión Internacional, Asesora de Ciencia y Tecnología.
La reingeniería del Estado impulsada por el presidente, también contempla la fusión de otras instituciones como el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con Agricultura, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial formaría parte del Ministerio de la Vivienda y los Comedores Económicos se integrarían con el Plan Presidencial Contra la Pobreza, proceso que aún está pendiente de completar.
Transformación de PN y seguridad ciudadana
El presidente Abinader ha dado una atención especial a la Policía Nacional y el problema de la inseguridad ciudadana. Tanto así que cada lunes encabeza la reunión de la fuerza de tarea, una estrategia interinstitucional que busca enfrentar el problema de la delincuencia.
De hecho, fueron de sus temas centrales de campaña, que incluyó una promesa de un salario mínimo de 500 dólares para los agentes policiales.
Además de cumplir esa promesa, el gobernante ha impulsado otros beneficios para los policías como mejoras en el servicio de salud, transporte gratuito y bonos de alimentos en una red de comercios en todo el país. Como parte del proceso de transformación, el presidente informó que el 16 de agosto someterá el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía.
¿Y los resultados?
Los esfuerzos de mejora a la institución tienen como objetivo enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana, que desde hace varias décadas aparece en los tres primeros lugares entre los problemas que preocupan a la población. El presidente Abinader hace un año resaltó los logros en ese renglón.
“Nuestra lucha contra la delincuencia ha sido clara en estos 4 años y vamos a seguir trabajando en esa dirección. En el año 2022 la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100,000 habitantes; en 2023 bajó a 11.5 y en el acumulado en lo que llevamos de 2024 se sitúa en 9.9. Esta tasa está por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe, que asciende a 17.2 según los datos de Naciones Unidas, o de InSight Crime, que muestra que nuestro país registró el segundo índice de homicidios más bajo de todo el Caribe el año pasado”, afirmó el mandatario.
El pasado lunes, en el marco de La Semanal, presentó nuevas estadísticas. Dijo que la tasa de homicidio en 2012 era de 23.4% y que en este año registra 8.3%.
Sin embargo, a pesar de esas mejoras que documenta el gobierno, las encuestas siguen reflejando que la inseguridad es uno de los problemas que más le preocupa.
La encuesta Gallup publicada en febrero de este año, coloca el tema como el segundo de mayor preocupación, solo superado por el alto costo de la vida. En marzo de 2024, la misma firma publicó un estudio que indica que el 63% de la población tiene la inseguridad como su mayor preocupación. En una consulta que hizo la firma publicada en noviembre de 2023, el 62% identificó la inseguridad como el principal problema.
Sistema Nacional de Transparencia
En febrero de este año, el presidente Abinader firmó el Decreto 76-25 que crea la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), con el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, auditoría y recuperación de activos ilícitamente obtenidos, para garantizar la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción, a través de mecanismos de supervisión e indicadores de cumplimiento.
El mandatario explicó que las acciones específicas del CPTA serán la de supervisar las compras y contrataciones públicas, recuperación de bienes adquiridos ilícitamente, creación de un observatorio de transparencia para monitorear el sector público y el fortalecimiento de un sistema nacional de denuncias de corrupción. La entidad está organizada mediante un comité coordinador nacional presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la dirección ejecutiva a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Sobre la función de ese organismo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que no se trata de una nueva entidad y que quienes forman parte de ese organismo están designados de manera honorífica. En julio de este año, el gobierno informó que recuperó unos 6 mil 500 millones de pesos devueltos por acusados de corrupción. Según el gobierno, de esa cantidad, 3 mil 500 millones en efectivo y otros tres mil de las Ede. De los casos en curso hay otros 130 mil millones de pesos. Esos bienes se han recuperado a través de un equipo de abogados.