El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), tras evaluar entre julio y octubre la aplicación de las 15 medidas adoptadas por el Gobierno para regular la migración, concluyó con una firme advertencia: es urgente reforzar la seguridad en las rutas de migrantes con agentes y tecnología especializada.
Esto con el objetivo de reducir las incidencias de acciones ilegales con indocumentados reportados en la prensa.
Para abordar la situación, el Observatorio de Políticas Migratorias, liderado por Miguel Franjul, director del Listín Diario, emitió el “Segundo boletín de verificación de cumplimiento de las quince medidas de políticas migratorias”.
Esta publicación se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), este jueves.
En ese contexto, se recuerda que las medidas postuladas por el Gobierno están relacionadas al refuerzo fronterizo, mayor control migratorio, protocolo de salud, control de mercados, repatriaciones y persecución de delitos, y dominicanización del empleo.
Mesa directiva del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), liderado por Miguel Franjul.
«A pesar de los desafíos logísticos y tecnológicos, se debe considerar la posibilidad de desplegar mayores sistemas de vigilancia, cámaras y control de flujos en puntos nodales de confluencia de posibles rutas de migrantes y el despliegue de infraestructura de fibra óptica de internet», reseña el documento.
Exigencias y preocupaciones
Entre las preocupaciones evidentes para el Observatorio está la ausencia de estadísticas que contemplen la frecuencia con la que un extranjero es enviado a su país y regresa a República Dominicana a convivir en estado irregular.
“Es preocupación del Observatorio que no se disponga de información sobre tasa de reincidencia de los extranjeros reportados o repatriados, de forma que permita al país tener una cifra más precisa de la cantidad real de los repatriados o deportados”, señala.
Además, exigen la construcción del muro fronterizo; el OPM alega que, cuando esté terminado, se fortalecerá la seguridad nacional en respuesta a las amenazas de la crisis haitiana, el control de los ilícitos y el flujo de indocumentados.
Asimismo, han detectado que, a nivel de medios e impresión ciudadana, se percibe una incidencia de acciones ilícitas ejecutadas por miembros de la DGM.
“Prácticas de extorsión, macuteos, amenazas durante el ejercicio de sus funciones en violación a lo establecido por la ley”, puntualiza el informe; al tiempo observa que «la DGM está tomando las medidas de lugar para prevenir el incumplimiento de la ley por parte de sus agentes actuantes y de sancionar a quienes lo infrinjan”.
Por lo que sugieren la masificación de tecnologías y procedimientos, rotaciones y rigurosidad de las sanciones.
Asimismo, exhorta al Gobierno a dotar de los recursos necesarios a la Dirección General de Migración para ampliar cobertura y agilizar la instalación de nuevas oficinas.
En cuanto a la regulación del mercado de Dajabón, se recomienda a la sala capitular del ayuntamiento de la zona aprobar con carácter de urgencia la normativa que regula los mercados fronterizos, a los fines de crear un marco jurídico más robusto que garantice mayores niveles de orden migratorio y cumplimiento de las medidas dispuestas.
Medidas que se cumplen
En lo concerniente a las medidas que, según el Observatorio, se están llevando a cabo de forma efectiva, se destaca la incorporación de 750 agentes migratorios, la creación de la procuraduría especializada en asuntos migratorios y la colaboración del Gobierno en la repatriación de ilegales.
“La Dirección General de Migración está ejerciendo de manera eficiente y efectiva su labor de control migratorio, a juzgar por las cifras estadísticas reportadas”, indican.
No obstante, sugirieron a la Liga Municipal Dominicana, Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), realicen conjuntamente con la DGM jornadas de actualización de los compromisos asumidos en abril, así como evaluar la eficacia de los mecanismos acordados y su nivel de implementación.
Otras de las acciones que percibe con mira positiva es el manejo financiero que ha tenido la institución encargada de regular y controlar los flujos migratorios de un país.
“Vemos como una buena práctica que esta institución observe un comportamiento transparente en la rendición de cuentas financieras y en el suministro permanente de información actualizada de las operaciones ordinarias y extraordinarias que realiza en el cumplimiento de sus obligaciones”, subraya.
En esa línea, luego de analizar las cifras desde 2024 respecto a la afluencia de ilegales en los hospitales, así como de parturientas haitianas, OPM evidencian reducción.
“A partir de los datos suministrados, la disminución de los partos de extranjero en los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) mantiene un sostenido decrecimiento”, señalan.
Sobre la dominicanización de la fuerza laboral
En lo que corresponde a priorizar a los trabajadores dominicanos en el mercado laboral, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura, el Observatorio aboga por que se les garanticen beneficios del programa Supérate.
Así como otras facilidades que ofrece el programa de ayuda, “como forma de promover la incorporación de más beneficiarios en dichos sectores, y promover la dominicanización de la mano de obra”, señala el informe.
Otras sugerencias
El Observatorio de Políticas Migratorias propone al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) analizar la posibilidad de incorporar en el formulario de solicitud de préstamo establecer la cantidad de mano de obra extranjera que se podría desplazar o suprimir, como una forma de medir el impacto que tendría dicho financiamiento.
Sugieren que, como un incentivo, «se podría establecer una política de tasas de interés diferentes, dependiendo de las categorías de mano de obra extranjera que se reemplazarían debido a las inversiones hechas con esos fondos».
En torno al apoyo presupuestario, el OPM recomienda al gobierno dominicano destinar más recursos presupuestarios a las instituciones responsables de ejecutar las medidas de seguridad nacional y control migratorio por las implicaciones e impacto que pudieran tener sobre la soberanía del territorio nacional.