El reciente discurso del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, avivó un debate que llevaba semanas latente: la responsabilidad de los partidos en la postulación de aspirantes vinculados a casos de narcotráfico.
Una de las voces más contundentes fue la de la diputada Soraya Suárez, quien afirmó que la alocución “faltó pedirle excusas al país”. La legisladora expresó que el PRM debió reconocer públicamente el error de haber presentado boletas con figuras cuestionadas, incluyendo personas posteriormente extraditadas.
Según la congresista, varias demarcaciones vivieron procesos electorales afectados por el “dinero sucio”, lo que, a su juicio, debió evitarse con un tamizaje más riguroso.
Suárez insistió en que el narcotráfico ha penetrado profundamente la política dominicana y advirtió que todos los partidos deben depurar sus candidaturas sin excepciones. Agregó que, si algún aspirante consideraba vulnerados sus derechos al ser excluido por sospechas o investigaciones pendientes, siempre podía recurrir a los tribunales, dejando a los partidos libres de responsabilidad ética.
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Desde los bloques opositores también se multiplicaron las críticas. El dirigente peledeísta Danilo Díaz aseguró que Paliza “perdió la oportunidad de pedirle perdón al pueblo”.
En tanto, el diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, afirmó que “la fiebre no está en la sábana”, cuestionando que el problema radica en la voluntad de aplicar las normas existentes y no en nuevas reformas legales. Castillo aseguró que el presidente del PRM permitió “candidaturas problemáticas” y adelantó que “vendrán otros casos”.
Respaldos del oficialismo y debate sobre la Ley 155-17
En contraste con las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respaldó la propuesta de Paliza de incluir a los partidos como sujetos obligados dentro del sistema contra el lavado de activos. Aseguró que la medida cerraría las puertas del financiamiento ilícito y fortalecería los controles en los procesos internos de selección de aspirantes.
Para Pacheco, la legislación electoral necesita herramientas más firmes para permitir a las organizaciones excluir candidatos con vínculos sospechosos con actividades criminales.
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El cruce entre oficialismo y oposición reaviva la discusión nacional sobre la transparencia en el financiamiento político y la responsabilidad de los partidos en la conformación de sus boletas. El tema promete mantenerse en el centro del debate público conforme avancen las investigaciones y se definan posibles reformas legales.