Representantes de organizaciones de la sociedad civil demandaron ayer de la Procuradora Miriam German Brito, excluir a la comunidad LGBT de la Resolución mediante la cual se instruye a los servidores del Ministerio Público a privilegiar a sectores vulnerables, afirmando que la misma es inconstitucional, violatoria del debido proceso y “atenta contra la familia constitucional”.
Consideran que con el mismo la Procuradora general “impone la aceptación de la orientación sexual” al obligar a los agentes a dirigirse a las personas según el sexo con que se perciban al momento de ser detenidos.
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Se refieren a la instrucción general sobre política interna para el “manejo de casos que involucren poblaciones vulnerables”, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia. El mismo incluye a “los adultos mayores, migrantes, integrantes de la comunidad LGTBTIQ, personas con alguna incapacidad física o mental, o cualquiera otra condición personal o social que genere un riesgo de vulnerabilidad análogo”.
Entre reclamantes está Abogados por la Vida.