Un ambiente de tensión, dolor y división marcó ayer la comunidad educativa del Colegio Leonardo Da Vinci, luego de que varios padres acudieran al centro para firmar una carta de apoyo a las cuatro personas detenidas por el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión.
La jornada se produjo horas después de que se difundiera un mensaje interno enviado por padres y miembros del colegio, en el que se invitaba a “estar más unidos que nunca” y a firmar un documento que resalte “el prestigio, la calidad profesional y moral” de las detenidas. La convocatoria, que comenzó a las 10:30 de la mañana, pidió a los firmantes llevar su cédula para adjuntar copias como respaldo formal.
Aunque la asistencia fue masiva, los padres evitaron ofrecer declaraciones a la prensa, mostraron hermetismo ante los cuestionamientos sobre el proceso judicial, sin embargo, permanecieron firmes en su intención de apoyar a las imputadas, cuyo caso ha sacudido profundamente a la comunidad escolar.
Mientras en el colegio se desarrollaba la jornada de firmas, el Ministerio Público confirmó que depositó la solicitud de medidas de coerción contra las cuatro directivas y colaboradoras apresadas por su presunta responsabilidad en el homicidio involuntario de la niña Stephora Joseph, quien murió ahogada en la piscina de Hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo..
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general, Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El órgano acusador solicitó una garantía económica de RD$50 millones para cada imputada (mediante aseguradora), impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y la colocación de localizadores electrónicos.
El ministerio público sostiene que estas medidas son proporcionales a la gravedad de los hechos.
Negligencia extrema y abandono
La Procuraduría, encabezada en esta investigación por Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías, presentó una serie de hallazgos que calificó como negligencia extrema debido a que trasladaron a 87 niños con solo 3 cuidadoras, no llevaron salvavidas ni chalecos pese a visitar piscinas, no verificaron si los niños sabían nadar, no evaluaron la profundidad de las piscinas, no gestionaron medidas mínimas de seguridad, y por último un video revela fallas graves en la supervisión del grupo. Además, se les imputa violación al artículo 351-2 sobre abandono y maltrato, así como el artículo 14 del Código del Menor.