Bajo un manto de incertidumbre y crecientes críticas, el Gobierno dominicano enfrenta una fuerte presión de diversos sectores políticos y sociales para esclarecer los motivos detrás del acuerdo que permitirá la acogida mensual de aproximadamente 30 extranjeros deportados desde los Estados Unidos.
La medida, que ha generado sorpresa en la opinión pública, fue el tema central de debate este jueves durante la décima edición del “Desayuno Nacional de Oración 2026”.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aunque se mostró cauteloso, reconoció que la sociedad demanda mayores precisiones sobre la logística y las razones de Estado que impulsaron este pacto.
El canciller señalaba que se trata de algo temporal. “Entiendo que tendrán que dar más detalles; la sociedad los espera”, declaró el legislador, subrayando que las razones profundas solo son conocidas por el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez.
Política migratoria
“La migración ilegal es universal. Hemos solicitado que todo ciudadano extranjero que pise suelo dominicano lo haga cumpliendo con las normas establecidas de nuestra política migratoria”, enfatizó De los Santos.
Por su parte, Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), tildó el acuerdo de “estratégico”.
Castillo advirtió que convertir a la República Dominicana en un país de tránsito para deportados de terceras naciones sienta un precedente peligroso.
“Esto se puede revertir en el futuro contra el país, especialmente considerando que en la isla enfrentamos una crisis que trasciende lo migratorio”, manifestó. La oposición al convenio también resonó desde el Congreso.
El senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, manifestó su rechazo tajante: “Nunca vamos a estar de acuerdo con que seamos receptores de todo lo que no quieran en otro país, independientemente de los acuerdos realizados”.
Pacto “complaciente”
Sin embargo, la crítica más severa provino del Instituto Duartiano. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, calificó el pacto como “excesivamente complaciente” y una transgresión legal y constitucional”.
Gómez Ramírez recordó que la legislación vigente solo contempla la recepción de nacionales dominicanos o extranjeros con visado previo.
Gómez cuestionó además el “violento cambio de actitud” del mandatario dominicano, quien meses atrás había descartado públicamente un acuerdo de esta naturaleza.
La entidad también expresó su preocupación por la implicación de aeronaves y aeropuertos militares extranjeros en estas operaciones, lo cual consideran un tema de debate nacional por sus implicaciones soberanas.
El pacto entre la República Dominicana y los Estados Unidos consiste esencialmente en un acuerdo de cooperación migratoria y de seguridad.
Por medio de este, República Dominicana acepta recibir mensualmente a unos 30 ciudadanos extranjeros que han sido deportados desde Estados Unidos(no dominicanos).
El país servirá como un punto de tránsito temporal antes de que estos sean enviados a sus naciones de origen.