El Estado no debe vivir de alquiler; tenemos que volver a construir patrimonio público

Hay un gasto del gobierno dominicano que durante decadas se trata de forma coyuntural, pero lesivo para el erario. El dinero que el Gobierno destina a alquilar edificios, oficinas, almacenes y locales privados.

Los números ya no son pequeños. En 2019, el Gobierno destinó unos RD$3,018 millones a alquileres de edificios y locales. En 2020 fueron RD$3,197.9 millones; RD$3,289.4 millones en 2021; RD$3,380.1 millones en 2022; RD$3,482.2 millones en 2023 y RD$3,587.1 millones en 2024.

Pero la tendencia no se detuvo. En 2025, el gasto en esta cuenta superó los RD$5,000 millones, mientras que para 2026 se presupuestaron RD$6,898 millones. Además, existen actualmente unos 865 contratos activos de alquiler registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Estamos hablando de una cantidad que obliga a hacer una pregunta sencilla: ¿cuántos edificios propios pudiera estar construyendo el Estado con el dinero que cada año entrega en alquileres?

Antes se construía para que quedara

No se trata de idealizar gobiernos del pasado ni de decir que todo lo que se hizo antes fue perfecto. Se trata de observar una diferencia fundamental en la forma de administrar el patrimonio público.

Durante décadas, los gobiernos entendieron que una institución pública necesitaba un lugar donde funcionar y que ese lugar, siempre que fuera posible, debía formar parte del patrimonio del Estado.

Ahí están el Palacio Nacional, los edificios del Centro de los Héroes, el complejo de instituciones públicas de la Plaza de la Cultura, Plaza de la Bandera, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, El Huacal, Oficinas de la mayoría de instituciones en todo el país.

El Huacal es quizá uno de los mejores ejemplos. Su construcción comenzó en 1971, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, y fue inaugurado en 1974. Tiene 66 metros de altura y fue concebido precisamente para alojar oficinas del Estado. Cincuenta años después continúa funcionando y alberga alrededor de diez instituciones públicas.

El Centro de los Héroes también representa esa vieja lógica: construir infraestructura pública para concentrar instituciones y dejar un activo que permanece en manos del Estado. Estudios sobre este conjunto urbano destacan que varias de sus edificaciones continúan siendo utilizadas por instituciones estatales.

Ese modelo tenía un principio elemental: el Estado invierte una vez y el patrimonio queda para las próximas generaciones.

Después de 1996 cambió la lógica

A partir de 1996, con la llegada del primer gobierno de Leonel Fernández, comenzó una etapa diferente en la administración pública y, con el paso de los años, se fue haciendo cada vez más común buscar espacios privados para instalar instituciones estatales.

No sería correcto atribuir todo el crecimiento del alquiler exclusivamente a un gobierno o a una sola administración. La realidad es que la práctica se convirtió en una costumbre que atravesó distintos gobiernos.

Lo preocupante es que el alquiler resuelve el problema de hoy, pero crea una obligación permanente para mañana.

Cuando el Estado compra o construye un edificio, puede amortizar esa inversión durante décadas. Cuando alquila, paga este año, vuelve a pagar el próximo y continúa pagando mientras dure la necesidad.

Es como una familia que, teniendo la posibilidad de construir su casa, decide pasar décadas pagando alquiler.

El caso INDOTEL: una lección para el Estado

El caso del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, debería convertirse en una referencia para cambiar esta cultura.

Cuando Guido Gómez Mazara asumió la dirección de la institución, cuestionó el contrato de alquiler del edificio donde funcionaba INDOTEL. Según sus declaraciones, el alquiler rondaba los US$100,000 mensuales, además de los parqueos, y el contrato llevaba aproximadamente 24 años.

Veinticuatro años pagando US$100,000 mensuales representan, sin contar otros conceptos ni cambios de precio, US$28.8 millones.

La pregunta es inevitable: ¿qué habría ocurrido si, desde el principio, ese dinero se hubiera orientado a construir o adquirir un inmueble propio?

La respuesta de Gómez Mazara fue precisamente romper con esa lógica. INDOTEL terminó sus 24 años de alquiler y recibió una nueva sede propia. La institución informó que con esto se ponía fin a ese pago recurrente y se generaba un ahorro para el Estado.

Ese debería ser el primer paso de una política nacional.

No todo alquiler es malo

También hay que ser justos.

El Estado puede necesitar alquilar un inmueble en determinadas circunstancias: una emergencia, una institución nueva, una oficina temporal, una provincia donde no exista infraestructura pública adecuada o un servicio que deba comenzar inmediatamente.

El problema no es alquilar excepcionalmente. El problema es convertir el alquiler en la norma.

Y peor aún, mantener durante 10, 15, 20 o 24 años contratos que terminan costando varias veces lo que hubiera costado construir o comprar un inmueble.

La propia Dirección General de Contrataciones Públicas ha explicado que desde 2020 los procesos de alquiler quedaron sujetos a la Ley 340-06, mientras que anteriormente estos procesos estaban al margen de esa legislación. También ha señalado que los contratos no tienen renovación automática y que, al vencerse, debe realizarse un nuevo proceso.

Eso mejora la transparencia del procedimiento, pero la transparencia para alquilar no resuelve el problema de fondo: la necesidad de alquilar.

Hay que cambiar la política

República Dominicana necesita una Política Nacional de Patrimonio Inmobiliario Público.

Cada ministerio, dirección general, instituto y organismo debe saber exactamente cuántos metros cuadrados necesita, dónde los necesita y cuánto paga actualmente por ellos.

Después hay que hacer algo muy sencillo, sumar el costo de los alquileres de cinco, diez y veinte años y compararlo con el costo de construir o comprar.

Si construir cuesta menos que seguir alquilando, no debería existir discusión.

El Gobierno debe crear un programa permanente de Construcción, Compra y Recuperación de Inmuebles Públicos. Allí deben entrar edificios nuevos, inmuebles abandonados, terrenos propiedad del Estado y edificaciones que puedan ser remodeladas.

Incluso puede establecerse una regla: ninguna institución pública podrá firmar un alquiler de largo plazo sin demostrar que construir, comprar, remodelar o compartir un inmueble público resulta más costoso o inviable.

Eso obligaría a pensar a largo plazo.

El dinero del alquiler debe convertirse en patrimonio

Si en 2026 se han presupuestado RD$6,898 millones para alquileres y rentas de edificios y locales, el debate no debería limitarse a cuánto se gastará este año.

La pregunta correcta es: ¿Qué patrimonio público tendremos dentro de 20 años gracias a ese dinero?

Si la respuesta es ninguno, estamos frente a un problema.

Porque después de veinte años de alquiler, el Estado puede haber gastado decenas de miles de millones y terminar exactamente donde comenzó: sin edificio propio y con la obligación de seguir pagando.

Mientras tanto, los edificios construidos hacen 50, 60 o 70 años continúan formando parte del patrimonio nacional.

Hay que dejar de pensar en el presupuesto de hoy

Gobernar no puede ser solamente resolver las necesidades del presente. Gobernar también significa dejar activos para el futuro.

Una escuela construida queda.

Un hospital construido queda.

Una carretera queda.

Un acueducto queda.

Un edificio público queda.

El alquiler se acaba y no deja patrimonio.

Por eso, el paso dado por Guido Gómez Mazara con INDOTEL debe ser más que una decisión administrativa de una institución. Debe convertirse en una señal para todo el Gobierno.

Hay que establecer una meta clara: reducir cada año el gasto en alquileres y aumentar la inversión en patrimonio inmobiliario público.

No se trata de construir edificios monumentales ni de gastar por gastar. Se trata de planificar, comprar bien, construir con costos razonables, mantener lo construido y aprovechar los inmuebles que ya pertenecen al Estado.

La República Dominicana no puede seguir pagando eternamente por oficinas que nunca serán suyas.

El Estado debe volver a construir para quedarse con lo construido.

Porque cada peso que hoy se entrega en alquiler debe hacernos una pregunta: ¿estamos pagando por una necesidad temporal o estamos financiando durante décadas el patrimonio de un tercero?

La respuesta debería determinar la política pública.

Alquilar cuando sea indispensable. Comprar cuando sea conveniente. Construir cuando sea más barato. Y, sobre todo, dejar patrimonio para las próximas generaciones.