Los extranjeros que viven en Estados Unidos y quieran tramitar su residencia permanente tendrán que salir del país y solicitarla en su país de origen, anunció el viernes el gobierno del presidente Donald Trump, en un cambio sorpresivo de una política vigente desde hace mucho tiempo que sembró confusión y preocupación entre grupos de ayuda, abogados de inmigración e inmigrantes.
Durante más de medio siglo, los ciudadanos extranjeros con estatus legal han podido solicitar y completar todo el proceso para la residencia permanente dentro de Estados Unidos, incluidas personas casadas con ciudadanos estadounidenses, titulares de visas de trabajo y de estudiante, y refugiados y solicitantes de asilo político, entre otros.
El anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que los extranjeros que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y que quieran solicitar convertirse en residentes permanentes legales, o titulares de una tarjeta verde, deben regresar a su país y presentar allí la solicitud, salvo en “circunstancias extraordinarias”, sin dar más detalles. Los funcionarios de USCIS decidirían si los solicitantes cumplen con esas condiciones.
«Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un período corto y con un propósito específico. Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando su visita termine. Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de la green card», señaló la agencia en un comunicado.
El anuncio es el paso más reciente del gobierno de Trump para dificultar la inmigración legal a los extranjeros que ya están en Estados Unidos ya quienes esperan venir aquí.
Cientos de miles solicitan la green card desde EEUU cada año
«El objetivo de esta política es muy explícito. Altos funcionarios de esta administración han dicho una y otra vez que quieren que menos personas obtengan la residencia permanente porque la residencia permanente es un camino hacia la ciudadanía y quieren bloquear ese camino para tantas personas como sea posible», indicó Doug Rand, un asesor sénior en USCIS durante el gobierno de Biden, quien agregó que unas 600.000 personas que ya están en Estados Unidos solicitan cada año una tarjeta verde.
El anuncio de USCIS no precisa cuándo entraría en vigor el cambio, si se exigiría a las personas permanecer en otro país durante todo el proceso, ni si la política afecta a extranjeros cuyas solicitudes de residencia permanente ya están en trámite.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press, la agencia dijo que las personas que reportan un “beneficio económico” o sirvan a los “intereses nacionales” probablemente podrían quedarse en Estados Unidos, mientras que otras tendrían que ir al extranjero para solicitarla.
Los cambios se suman a medidas que el gobierno ya ha tomado para restringir y limitar el ingreso de personas de decenas de países. En algunos casos, hay prohibiciones a la llegada de ciudadanos de esos países, mientras que personas de otros enfrentan pausas en el trámite de visas. Expertos y abogados advirtieron que obligar a personas de esos países a regresar a casa para solicitar la residencia permanente haría que se les impida volver a entrar.
«Si se les dice a las familias que el integrante no ciudadano debe regresar a su país de origen para tramitar su visa de inmigrante, pero allí no se están tramitando visas de inmigrante, es un callejón sin salida. Estas políticas, en la práctica, crearán una separación indefinida de las familias», escribió World Relief, una organización humanitaria y de reasentamiento de refugiados.
Confusión sobre a quién se aplica el cambio
El USCIS describió el cambio como un regreso a “la intención original de la ley” y el cierre de un “recoveco”.
Pero abogados de inmigración y grupos de ayuda rechazaron la medida, diciendo que durante mucho tiempo ha sido práctica que muchos grupos pueden ajustar su estatus en Estados Unidos y que muchas personas no podían regresar a casa porque no era seguro o no tenían una embajada donde presentar la solicitud. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Afganistán ha estado cerrada desde la retirada estadounidense en agosto de 2021.
“El USCIS está tratando de trastocar décadas de tramitación del ajuste de estatus”, acusó Shev Dalal-Dheini, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. “Esto se aplica de manera muy amplia a cualquiera que busque una tarjeta verde”.
Entre ellos podrían estar personas casadas con ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con protección humanitaria que solicitan una tarjeta verde, y titulares de visas de trabajo —incluidos médicos y profesionales—, así como titulares de visas de estudiante y religiosas, señaló la abogada.
En algunos consulados estadounidenses en el extranjero, los tiempos de espera para una cita de visa podrían ser de más de un año, indicó Dalal-Dheini.
Los abogados de revisa inmigración revisaron el memorándum de política y el anuncio el viernes por la tarde, tratando de descifrar a quién se aplicaría.
Organizaciones que brindan asistencia legal y de otro tipo a inmigrantes decían que estaban escuchando a clientes preocupados por lo que la nueva orientación significaría para ellos.
“Es realmente difícil saber cómo se va a aplicar esto”, dijo Jessie De Haven, abogada sénior del California Immigration Project, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a inmigrantes de bajos ingresos. “Sí creo que podría tener un efecto disuasorio en las personas que solicitan”.