La normalidad retornó este viernes a los tribunales. Pasillos de los Palacios de Justicia lucían con movimiento regular
El colectivo de jueces y servidores judiciales que paralizó los tribunales en los 36 distritos judiciales del país rechazó las convocatorias individuales hechas ayer viernes por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) y desmintió la existencia de un canal oficial de negociación.
La presidente de la Asociación de Jueces y Juezas de República Dominicana, Ysis Muñiz, condicionó cualquier salida a la crisis a la presentación de una propuesta formal de las autoridades y al reconocimiento de una comisión nacional electa por las bases gremiales, advirtiendo que no depondrán sus reclamos a cambio de “promesas vagas pérdidas en el tiempo”.
El emplazamiento directo a la gestión que encabeza el magistrado Luis Henry Molina, se produjo tras la histórica jornada de protesta del pasado jueves, caracterizada por un paro general de los tribunales y la lectura simultánea del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”.
A pesar de que el CPJ inició mesas de diálogo con delegaciones particulares de magistrados de diversas jurisdicciones, entre ellos representantes del Distrito Nacional, La Altagracia y Santo Domingo, los voceros del movimiento aclararon que dichos encuentros se realizan a título personal y no representan al bloque unificado.
La brecha presupuestaria
El núcleo del descontento radica en lo que la judicatura califica como una severa distorsión en el manejo de los fondos públicos. Mientras los juzgados de paz y de primera instancia operan bajo condiciones de hacinamiento, falta de personal técnico y edificaciones deterioradas, los manifestantes denuncian que la alta administración del CPJ ha destinado más de RD$ 400 millones en boleto aéreos y hospedajes internacionales desde 2021, sumado al cuestionado gasto de RD$ 11 millones en un árbol de Navidad institucional.
Esta asimetría salarial y operativa, que según la magistrada Suinda Brito ha provocado renuncias masivas de personal administrativo por agotamiento físico y emocional, unificó por primera vez a todas las corrientes gremiales: la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, la Red Nacional de Jueces y la Asociación de Jueces de Paz.
Asimismo, el movimiento logró un blindaje estratégico fuera de las cortes al recibir el respaldo militante del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y, de manera inédita, de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) y la Asociación de Fiscales (Adofi), paralizando de forma indirecta todo el engranaje del sistema de persecución penal.
Abogados opinan
A este complejo escenario se suma el debate sobre la legitimidad del propio órgano rector. Sectores de la comunidad jurídica, representados por posturas como la del jurista Rigoberto Rosario, han comenzado a cuestionar la coincidencia temporal de la protesta con el fin del septenio constitucional de la actual matrícula de la Suprema Corte de Justicia, sugiriendo que el conflicto laboral es el reflejo del ocaso de la influencia política de su presidente.
Los jueces, no obstante, insisten en que su plataforma se limita estrictamente a la carrera judicial, distorsiones del manual de remuneraciones y la suplencia horizontal.
La ley sin dignidad
Los magistrados han sido enfáticos: la vocación de aplicar la ley permanece intacta, pero el retorno definitivo a los estrados no dependerá de una orden jerárquica, sino del fin de la precariedad.
El mensaje de los jueces
En un mensaje difundido al día siguiente de la paralización, los jueces convocantes agradecieron el apoyo de la sociedad ante lo que calificaron de un contundente respaldo recibido en todo el territorio nacional, que “evidenció que las problemáticas denunciadas por jueces, juezas y servidores judiciales no constituyen reclamos aislados, sino situaciones estructurales que impactan directamente la calidad del servicio judicial que recibe la ciudadanía”. Destacaron la falta de personal suficiente, la sobrecarga laboral, las limitaciones operativas, la ausencia de movilidad dentro de la carrera judicial y otras precariedades institucionales que afectan diariamente el funcionamiento eficiente de los tribunales y el acceso oportuno a la justicia. “Los jueces, juezas y servidores judiciales convocantes del paro nacional de labores realizado el 21 de mayo de 2026 expresan su más profundo agradecimiento a la sociedad dominicana”.
Finalmente, ratificaron que esta causa representa un compromiso colectivo con el fortalecimiento del sistema de justicia dominicano, en beneficio de toda la ciudadanía y del derecho de las personas a recibir una justicia más digna, eficiente y humana.
Finjus sugiere atención rápida a las peticiones
La Finjus manifestó que los reclamos de los jueces y servidores judiciales son justos y deberían ser atendidos de manera urgente.
“La Ley 194-04, que estableció que del Presupuesto Nacional al Poder Judicial le corresponde el 2.66% de los ingresos públicos. Sin embargo, este mandato legal no se ha observado plenamente, lo que ha implicado una disminución notable de los recursos que debió recibir. Para citar un ejemplo, en 2025, el Poder Judicial percibió un monto de RD $12,922 millones, que es apenas el 0.96% del monto que obliga la ley. Esta situación es la causa inmediata de que múltiples aspectos de la vida institucional del Poder Judicial no alcancen los objetivos” puntualizó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus.